Por: Abel Reyna 8 de agosto de 2026
Suchitepéquez se encuentra en un punto crítico. Terminamos la semana y la violencia no da tregua en Suchitepéquez. Una escalada de violencia homicida que rebasa las estadísticas del año anterior y el estallido de conflictos sociales en las carreteras han dejado en evidencia un vacío de poder en el departamento. Mientras la sangre corre en los municipios y el derecho a la libre locomoción es secuestrado por disputas sectoriales, las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la mediación —específicamente la Gobernación Departamental y la delegación de la COPRECON— brillan por su ineficacia o ausencia.
La Sangre en las Calles: El Fracaso de la Seguridad Departamental
Las cifras son alarmantes y reflejan un desbordamiento de la criminalidad que la Policía Nacional Civil (Comisaría 33) no ha logrado contener. Durante todo el 2025, Suchitepéquez registró 26 muertes violentas. Sin embargo, del 1 de enero al 3 de agosto de 2026, la cifra ya había alcanzado los 30 asesinatos.
A esta macabra estadística se suman cinco muertes violentas perpetradas en menos de 48 horas durante esta semana, elevando la cifra a 35 homicidios en lo que va del año.
El jueves 6 de agosto, a plena luz del día, los esposos Dinora Sís Ramos y Ricardo Ramírez fueron acribillados en el interior de su propia vivienda en Mazatenango. La violencia no se detuvo ahí; este sábado 8 de agosto, un nuevo ataque armado en la Colonia La Blanquita, San Antonio Suchitepéquez, dejó un saldo de tres hombres fallecidos (aún no identificados) y una persona más gravemente herida por proyectil de arma de fuego.
Ante este escenario de sicariato y ataques directos, el silencio y la falta de una estrategia de contención recaen directamente sobre la Gobernación Departamental. Como máxima autoridad del Ejecutivo y responsable de coordinar las políticas de seguridad civil en Suchitepéquez, la gobernación ha sido incapaz de articular un plan de reacción efectivo junto al Ministerio Público y la PNC. La inteligencia policial parece ir un paso atrás del crimen organizado, dejando a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad absoluta.
Caos Vial y Fallas en la Mediación: El Rol de COPRECON
Paralelo a la crisis de seguridad ciudadana, la gobernabilidad sociopolítica del departamento también se resquebraja. Este mismo sábado, asociaciones de mototaxistas de Santo Tomás La Unión y la aldea Chocolá paralizaron la economía local bloqueando tres arterias fundamentales: la salida a Chocolá a un costado de la iglesia católica, el punto conocido como «cinco calles» en la ruta del Aguacatal a la ladrillera, y la ruta de la ladrillera a Chocolá en el sector Nanzál. Afectando la movilidad de la población.
El bloqueo, derivado de una disputa por el control y circulación de rutas, exhibe el fracaso absoluto de las alertas tempranas del Estado. Es aquí donde la responsabilidad recae de forma directa sobre Víctor Hugo Castillo, delegado departamental de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON).
Una disputa preexistente entre asociaciones de transportistas debió ser mapeada, abordada y contenida en mesas de diálogo antes de materializarse en medidas de hecho. Sin embargo, la inacción de la delegación de COPRECON obligó a que fuera el alcalde de Santo Tomás La Unión quien tuviera que intervenir de emergencia para lograr una tregua temporal y liberar las vías.
La COPRECON, diseñada precisamente para prevenir estos escenarios y fungir como el brazo articulador del Ejecutivo, actuó como un mero espectador, es mas, estuvo ausente.
El Desafío del Lunes
Este próximo lunes, los alcaldes de los municipios involucrados se reunirán con ambas asociaciones de mototaxistas para buscar una solución definitiva a la disputa de rutas.
La pregunta que queda en el aire para la ciudadanía de Suchitepéquez es si la Gobernación Departamental y el delegado Víctor Hugo Castillo asumirán finalmente su mandato legal, garantizando la institucionalidad en la mesa de diálogo del lunes y rediseñando urgentemente los operativos de seguridad, o si continuarán administrando el departamento desde la pasividad mientras la criminalidad y la conflictividad social imponen su propia ley.