Por Abel Reyna
El cierre municipal del proyecto X.o.c.h.i. en Mazatenango no es un simple acto de obstrucción administrativa, sino un ejercicio imperativo de prevención ante un desastre inminente. Las fotografías, tomadas directamente en el lugar de la obra, revelan fallas técnicas, negligencia constructiva y un desprecio total por la seguridad que evocan los peores fantasmas de la tragedia de El Cambray II en 2015.
Aquel devastador alud no fue un simple «desastre natural». Fue una tragedia humana derivada de la negligencia criminal de las autoridades municipales de Santa Catarina Pinula. Los exalcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizaes fueron procesados penalmente precisamente por ignorar los informes técnicos de la CONRED, que ya catalogaban el área como zona de alto riesgo, y continuar emitiendo permisos de habitabilidad a pesar de ello.
Hoy, la historia amenaza con repetirse. unas fotos recolectada en el proyecto X.o.c.h.i muestran el peligro. Si la Municipalidad de Mazatenango ignorara estas alarmas y emitiera una licencia de final de obra, estaría cometiendo la misma omisión que derivó en los cargos de homicidio culposo en El Cambray II. El cierre de esta obra, por lo tanto, no es un capricho político; es un acto de defensa legal y humana. Ante la evidencia abrumadora de que se ha creado una ruta mortal, la comuna está obligada a actuar como barrera preventiva.
Pero, ¿qué explica la actual opacidad y la rotunda negativa de los desarrolladores a entregar los informes técnicos a la municipalidad? Fuentes locales apuntan a un actor tristemente célebre en la obra pública nacional: CONASA.
La empresa constructora responsable del desastroso y polémico Libramiento de Chimaltenango podría estar detrás de la construcción del tramo X.o.c.h.i. Hablamos de una compañía que, durante el gobierno de Jimmy Morales, figuró como una de las más beneficiadas del Estado, acumulando graves señalamientos por presunta corrupción y fallas viciosas en infraestructura vial.
Tener a los presuntos responsables del Libramiento operando un proyecto que ya muestra fallas estructurales evidentes es una receta para el desastre. Sin embargo, frenarlos se ha convertido en una auténtica lucha de David contra Goliat.
La mayoría de las cámaras empresariales, e incluso el mismo CACIF, han emitido pronunciamientos y activado su batería de medios a nivel nacional en contra de la resolución municipal. A este coro se suman los precandidatos de los partidos satélite, quienes salen a lanzar culebras, sapos y de todo a la actual administración para defender intereses ajenos.
El nivel de soberbia y presión es tal, que un personero del proyecto me lo resumió con frialdad: «De que se inaugura el 14, se inaugura». Y le creo. En un país donde el CACIF y las grandes constructoras están acostumbrados a hacer lo que se les antoja, no dudo que estén dispuestos a poner en riesgo sus millones invertidos —y la vida de las personas— por lo que ellos seguramente minimizan como «un par de cositas» que podrían terminar hundiendo un kilómetro o más de asfalto.
La fiscalización ciudadana exige transparencia inmediata. Mazatenango no puede, ni debe, permitir que la impunidad corporativa construya sobre nuestro suelo el cruce mortal entre un nuevo Libramiento de Chimaltenango y un nuevo Cambray II.