El expediente tiene 16 folios. En el papel, es un trámite administrativo más. En la práctica, revela una fractura abierta en el corazón de la Gobernación Departamental de Suchitepéquez.
Un vehículo oficial descompuesto, una factura cancelada en el portal de compras públicas, una denuncia laboral ante la Inspección General de Trabajo (IGT) y un caso en el Ministerio Público (MP) colocan en frentes opuestos a la gobernadora departamental, Victoria Lorena Moraga Conde, y a la encargada de Almacén, Migdalia Carolina De León Sajché.
Todo escaló en junio
El 15 de ese mes, la Gobernación tramitó el Pedido de Remesa No. 76-2026 para la reparación de la camioneta Toyota Fortuner, modelo 2008, diésel, placas oficiales O-922BBG. El desglose financiero sumaba Q7,925.00: Q4,565 en repuestos, Q660 en lubricantes y Q2,700 en mano de obra. Cuatro días después, el taller «Servicios Solís», propiedad de Ángel Gustavo Solís Gómez, emitió la factura electrónica Serie 25D93CB6 No. 3337438794.
Hasta ahí, la rutina burocrática. Las alertas saltaron el 23 de junio
A las 12:15 horas, la factura física ingresó al área de Almacén. A las 12:40, la gobernadora envió el Oficio GDS No. 361-2026 VLMC/lvc. En el documento, instruyó directamente a De León realizar las gestiones para tramitar el cobro, sosteniendo que «el servicio fue prestado durante el presente ejercicio mensual». Sin embargo, la encargada de Almacén afirmó lo contrario: las reparaciones no se efectuaron y se negó a procesar la documentación.
Ese mismo día, en el portal Guatecompras ocurrió un movimiento clave: el evento de Baja Cuantía bajo el código NPG E585986975 fue registrado e inmediatamente anulado.
Dar paso administrativo a un pago cuyo registro figura anulado en el sistema del Estado implica responsabilidades legales severas. La funcionaria de almacén se sostuvo en su negativa.
De las aulas administrativas al Ministerio Público y la IGT
La respuesta de la subalterna no se quedó en los pasillos de la institución. El 25 de junio a las 08:40 horas, De León acudió a la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez y presentó la denuncia penal MP137-2026-1943 por acoso laboral y presiones para ingresar facturas dudosas y autorizar combustible a personal del renglón 029. Posteriormente, el conflicto escaló al ámbito laboral bajo el expediente IGT-1001-727-2026 ante la Inspección General de Trabajo.
Durante la diligencia de la IGT en la Gobernación, el 19 de agosto, De León ratificó su denuncia por abuso de autoridad, hostigamiento laboral y persecución sindical. Además, dejó constancia de que se le había prohibido mediante oficio reintegrarse a la fianza durante tres meses por no querer recibir el almacén. A la diligencia no asistió la gobernadora por estar citada en la capital; en su lugar compareció Karen Abigail Villatoro Cayax. Para buscar una conciliación, la IGT fijó audiencia para el 7 de septiembre a las 9:30 horas y una vez más, la gobernadora no asistió.
Punto clave: La negativa a firmar el ingreso a almacén de repuestos no verificados desató acciones en la fiscalía distrital y la IGT.
Pugna por licencias sindicales y contratos del Despacho
La tensión se trasladó también a la dirigencia sindical. De León es la Secretaria de la Mujer en SINTRADIGMINGOB. El 23 de julio, la Gobernación emitió el Oficio 465-2026, emplazando al sindicato a presentar en cinco días las justificaciones de las licencias laborales de la trabajadora. La respuesta del sindicato llegó el 4 de agosto: amparados en el Convenio 98 de la OIT y el Código de Trabajo, rechazaron el requerimiento alegando autonomía sindical. En respuesta, la gremial exigió vía oficio los contratos del personal del Despacho.
Detrás del caso del vehículo surge la figura del proveedor. Ángel Gustavo Solís Gómez acumula Q327,871 en 53 eventos aprobados por compra de baja cuantía en Guatecompras entre 2022 y 2026. Ha sido proveedor del IGSS (Q114 mil por parqueo en Mazatenango) y de la Municipalidad de Mazatenango (Q104,977 en repuestos). En 2026, la Gobernación concentró sus adjudicaciones por Q46,492. Los registros revelan patrones de compras fraccionadas en plazos reducidos: solo el 2 de marzo de 2026 la Gobernación le emitió tres compras en un solo día por Q20,877, y entre el 4 y 5 de mayo autorizó cuatro más por Q22,879.
El conflicto sigue activo en varios frentes. En Guatecompras no se ha registrado ninguna nueva factura para regularizar el gasto de la camioneta Fortuner. Mientras tanto, en la vía penal, fuentes cercanas al caso confirman que las partes involucradas aún no han sido citadas a declarar ante el Ministerio Público; las citaciones para los primeros testimonios se prevén para la próxima semana.
¿Logrará la investigación penal esclarecer si el fraccionamiento de compras y la anulación del evento en Guatecompras respondieron a un patrón sistemático de anomalías en la adjudicación de fondos públicos dentro de la Gobernación de Suchitepéquez?