Suchitepéquez, Guatemala. — El nombre de Nancy Gabriela Franco Chávez, de apenas 20 años, y el de su hijo Esteban Efraín González Franco, de tan solo 23 meses, recorrieron el país en redes sociales y titulares de medios nacionales. No por un logro, no por un milagro. Fue el drama de una madre retenida en un hospital privado de Mazatenango por no poder pagar, mientras su hijo agonizaba, lo que puso luz sobre una realidad dolorosa: la violencia estructural que atraviesa la salud y la pobreza en Guatemala.
“El jueves por la tarde salimos a buscar un doctor, porque el niño se puso aguadito… y ahí empezó todo”, cuenta Gabriela, la joven madre, con los ojos apagados por el duelo reciente. Fue el inicio de una carrera contra el tiempo, donde el dinero y el acceso a la atención médica decidieron el destino del pequeño Esteban.
Lo llevaron a un hospital privado en la colonia El Relicario. Tras ingresar al niño en un estado grave, los médicos informaron a la PGN el cuadro clínico: shock séptico, anemia, hipokalemia, neumonía, dengue y una severa hipotermia. Pero lo que más dolió a la familia fue lo que vino después: el niño fue trasladado al Hospital Nacional de Mazatenango por orden médica, pero a Gabriela no la dejaron ir con él. El motivo: no tenía cómo pagar la cuenta.
Fue entonces cuando intervino la gobernadora departamental Licda. Mariana Enríquez, quien, según confirmaron tanto la familia como la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), intercedió directamente presentando un recurso de exhibición personal ante la justicia para liberar a la joven madre. La Auxiliatura de Derechos Humanos en Mazatenango confirmó que Gabriela se encontraba en el hospital privado, mientras su hijo fue trasladado en solitario.
Pocas horas después, Esteban murió en el Hospital Nacional, tras sufrir varios paros cardiorrespiratorios. El corazón se detuvo, y con él, un país entero volvió a ver su reflejo en el rostro de una madre sin recursos.
Visitamos a Gabriela en la casa que comparte con sus abuelos, en las afueras de Mazatenango. No tienen casa propia. Viven en una vivienda improvisada de lámina y piso de tierra, propiedad de una familia adinerada para la que trabaja el abuelo como conserje. Gabriela no estudia ni trabaja: por decisión familiar, se dedicaba exclusivamente al cuidado del pequeño.
“El niño ya tenía más de un año de no enfermarse, era un niño sano, ni tos le daba”, nos dice mientras muestra en su teléfono una galería de fotos del pequeño Esteban: sonrisas, juegos, vida.
Pero la vida no basta cuando el entorno la niega. El caso de Gabriela y Esteban no es aislado. Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica infantil más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Según datos de UNICEF, el 46.7% de los niños menores de cinco años sufren este flagelo. Las causas son tan conocidas como ignoradas: pobreza estructural, escaso acceso a alimentos nutritivos, prácticas de cuidado limitadas y un sistema de salud colapsado.
La paradoja es brutal: el mismo Estado que no garantiza condiciones mínimas de vida, es el que suele criminalizar a los padres cuando los niños mueren por desnutrición o enfermedades prevenibles. Pero la pregunta se impone: ¿Cómo exigir responsabilidades individuales cuando se ha renunciado a las colectivas?
Esteban murió esperando un sistema que nunca llegó. Gabriela fue detenida por no poder pagar por salvarle la vida. Y Guatemala, otra vez, quedó desnuda ante el espejo.