Desde tempranas horas de la mañana de este martes 9 de julio, aproximadamente a las 6:30 a.m., la ruta CA-2 fue bloqueada a la altura de la Aldea Cocales, en el municipio de Patulul, por un grupo de manifestantes identificados como afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). La medida ha causado un fuerte rechazo entre automovilistas, vecinos y comerciantes, quienes denuncian las afectaciones económicas y sociales que provocan este tipo de cierres.
La manifestación, calificada por amplios sectores ciudadanos como ilegal e inconstitucional, ocurre en un momento especialmente delicado para el país, ya que recientes sismos han dejado varios fallecidos, decenas de heridos y a cientos de familias en situación de calle tras el colapso de sus viviendas. En este contexto, la ciudadanía ha señalado como un acto de insensibilidad e indolencia que se obstaculice el paso en una de las principales vías del país, dificultando incluso el paso de ayuda humanitaria y el traslado de damnificados.
Organizaciones civiles, padres de familia y usuarios de redes sociales han expresado su profunda preocupación por la interrupción del ciclo escolar y el impacto económico que estos bloqueos generan, especialmente en regiones cuya economía depende del comercio informal, la agricultura y el transporte diario. Las críticas también apuntan a lo que muchos consideran una agenda política encubierta impulsada por el dirigente magisterial Joviel Acevedo, a quien se le vincula con grupos y actores políticos señalados de corrupción, como el Ministerio Público y el llamado «Pacto de corruptos».
Ante este panorama, han surgido llamados enérgicos dirigidos al presidente Bernardo Arévalo y a la ministra de Educación, Anabella Giracca, exigiendo acciones disciplinarias contra los docentes que abandonan las aulas para participar en protestas que violentan derechos fundamentales como la libre locomoción y el acceso a la educación pública, especialmente en comunidades vulnerables.
Mientras tanto, el paso en la ruta CA-2 permanece bloqueado, afectando gravemente a transportistas, comerciantes y cientos de ciudadanos que se ven imposibilitados de llegar a sus destinos. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado medidas concretas para liberar el tránsito ni sanciones hacia los responsables de esta acción.
Cabe destacar que este tipo de bloqueos no perjudican directamente al gobierno, sino que constituyen una forma de hostigamiento hacia la población más pobre. Más allá de los kilómetros de atascos y la pérdida de horas para miles de personas que quedan literalmente “secuestradas” en sus vehículos, el mayor impacto recae en quienes dependen del trabajo diario para alimentar a sus familias. La imposibilidad de llegar a sus labores representa no solo un día perdido, sino hambre e incertidumbre para muchos guatemaltecos que viven al día y ven vulnerado su derecho a sobrevivir con dignidad.