Este 25 de mayo se cumplen 32 años del llamado “Serranazo”, aquel intento de autogolpe de Estado que el entonces presidente Jorge Serrano Elías justificó como una respuesta desesperada frente a la corrupción sistemática que, según él, se había apoderado de todos los órganos del Estado. Disolvió el Congreso, dijo reestructurar el sistema judicial y apartó al Procurador de los Derechos Humanos. Afirmó que lo hacía en defensa del Estado, sin involucrar al Ejército. Pero la historia lo condenó y terminó huyendo por la puerta de atrás.
Hoy, más de tres décadas después, vale la pena preguntarse: ¿realmente cambió algo?
Serrano denunció la podredumbre del sistema: un Congreso vendido, una justicia secuestrada, un Ministerio Público incapaz o cómplice, y una institucionalidad minada por intereses corruptos. Treinta y dos años después, la situación no solo persiste, sino que se ha agravado. El Congreso actual legisla al servicio de las élites económicas, utilizando los proyectos del CODEDE como mecanismo de control y cooptación territorial. La Corte de Constitucionalidad ya no solo interpreta la ley: la dicta, la acomoda, y con ello frena cualquier intento de desarrollo democrático.
El Ministerio Público se ha transformado en un brazo represor que persigue a periodistas, defensores de derechos humanos y voces disidentes, mientras protege a quienes saquean el Estado. El sistema judicial actúa de manera selectiva, garantizando impunidad a una clase privilegiada mientras encarcela a quienes luchan por justicia. La corrupción ya no es un cáncer oculto: es un sistema operativo que sostiene al régimen.
En la era de Serrano Elías no existían las redes sociales. El poder se sostenía en el control de la información. Hoy, la manipulación toma una forma más sofisticada: la desinformación deliberada, impulsada desde el mismo poder, que busca dividir, confundir y desmovilizar a la ciudadanía.
Lo más grave es que esta decadencia institucional no es un accidente: es un diseño. El sistema guatemalteco está hecho para no funcionar. Está estructurado para beneficiar a unos pocos, para mantener al pueblo en la pobreza, sin educación de calidad, sin acceso a salud, sin oportunidades reales de desarrollo.
Cambiar de presidente cada cuatro años no resuelve nada. Ya lo sabemos. Lo que se necesita es una transformación estructural del Estado. Una refundación que coloque en el centro a la justicia social, que fortalezca las instituciones, que devuelva al sistema de justicia su independencia y credibilidad, que impulse una educación digna y sin intereses sindicales parasitarios, que cree oportunidades de empleo para todos, no solo para los allegados al poder.
A 32 años del “Serranazo”, seguimos sin aprender la lección más importante: los golpes de Estado no salvan democracias, pero tampoco lo hacen las elecciones sin cambios estructurales. Guatemala no necesita otro Serrano, ni otro “hombre fuerte”. Guatemala necesita un pueblo fuerte, organizado, informado, dispuesto a romper el ciclo de impunidad que la consume desde hace décadas.
Hasta que no cambiemos el sistema, cambiar de gobernante será solo una vuelta más en el mismo círculo vicioso.