Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, señaló la falta de investigación sobre la presunta participación de la actual Fiscal General en la entrega irregular de al menos 80 niños y niñas durante el Conflicto Armado Interno, instando a detener su candidatura a altos cargos de justicia.
Por Redacción Coyuntura
En un pronunciamiento que sacude el actual proceso de elección de cortes en el país, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó este día su profunda preocupación ante la información que vincula a María Consuelo Porras Argueta, actual jefa del Ministerio Público (MP), con procesos de adopciones ilegales ocurridos entre 1968 y 1996.
A través de un comunicado difundido en la red social X, Satterthwaite y un grupo de expertos de la ONU destacaron que existen señalamientos sobre la participación de Porras en la adopción forzada de al menos 80 niñas y niños de los Pueblos Indígenas. Estos hechos, enmarcados en los años más cruentos del Conflicto Armado Interno, no han sido esclarecidos por el Estado de Guatemala.
Un obstáculo para la idoneidad
La alerta internacional surge en una semana decisiva, dado que Consuelo Porras figura como aspirante para una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) o para su reelección como Fiscal General.
La Relatora fue enfática al señalar que las normas de derechos humanos exigen filtros rigurosos para quienes aspiran a las altas cortes. «Es de suma importancia que las personas contra quienes existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con las normas de derechos humanos no sean incluidas en listas de candidaturas ni nombradas», advirtió Satterthwaite, subrayando que cualquier nombramiento debe pausarse hasta que dichas alegaciones sean objeto de una investigación independiente y exhaustiva.
Impunidad y falta de reparación
El comunicado denuncia la ausencia de una investigación «pronta, exhaustiva e imparcial» por parte de las autoridades estatales sobre estos procesos de adopción irregular. Los expertos de la ONU lamentaron que, décadas después, las víctimas y las familias afectadas por estas separaciones forzadas no hayan recibido reconocimiento oficial ni las reparaciones adecuadas que exige el derecho internacional.
Satterthwaite recordó al Estado guatemalteco su obligación ineludible de:
- Prevenir, investigar y sancionar las violaciones relacionadas con adopciones ilegales y desapariciones forzadas.
- Garantizar el pleno ejercicio del derecho a la verdad y la justicia para las víctimas.
La Relatora confirmó que ya se encuentran en contacto con las autoridades guatemaltecas para tratar este asunto, colocando nuevamente la lupa internacional sobre la idoneidad y honorabilidad requeridas para dirigir la justicia en Guatemala.