Opinión
Mientras los barrios más olvidados del país siguen atrapados en un ciclo interminable de pobreza, violencia y falta de oportunidades, nuestra clase política se enfrasca en una lucha descarnada por el poder. El precio de esta guerra silenciosa y constante no lo pagan ellos; lo paga, como siempre, el pueblo de Guatemala.
Recientemente vi el cortometraje «El Barrio», una dolorosa radiografía de la vida diaria de millones de guatemaltecos a merced de las maras. La pobreza no solo es una cifra en los informes gubernamentales, es una realidad que se respira en cada callejón donde la esperanza agoniza. A esta situación se suma la desvergonzada actitud de algunos supuestos docentes en marchas donde el interés particular opaca la dignidad de una profesión que debería ser pilar del futuro del país.
Peor aún es ver a un Ministerio Público que, lejos de perseguir la corrupción estructural que nos ha empobrecido por décadas, opta por criminalizar a líderes indígenas, tachándolos de «terroristas» por atreverse a exigir un país más justo. Y qué decir del presidente de la república, quien, en vez de ser un estadista y buscar soluciones, llama al enfrentamiento entre ciudadanos e instituciones, mientras el Congreso permanece mudo, inerte, incapaz de asumir su papel de legislar en beneficio del pueblo.
Ante esta triste realidad, uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué país estamos construyendo para nuestros hijos? ¿Qué futuro les espera? Un país donde los pobres se matan por sobrevivir, la clase media se endeuda para mantener un estándar de vida cada vez más inalcanzable, y la clase política trabaja para su propio beneficio, creando condiciones que solo fomentan el enfrentamiento entre nosotros.
El Ministerio Público debería investigar y castigar a los verdaderos saqueadores del Estado, perseguir a las maras que tienen de rodillas al pueblo; el presidente debería diseñar políticas públicas que combatan de raíz las causas de la pobreza; los grupos organizados deberían orientar sus luchas hacia cambios estructurales reales; y el Congreso debería legislar pensando en el bien común y no en intereses mezquinos. Al contrario, todos se concatenan para afectar a la población.
Si cada institución cumpliera su deber, si cada sector pensara más allá de su propio interés, podríamos aspirar a heredar a nuestros hijos un país más justo, más digno. Pero duele, duele profundamente Guatemala, ver cómo has parido una clase política que solo sabe enriquecerse, despreciando la dignidad y la vida de la mayoría.
Hoy, enfrentados en todos los niveles, solo nos queda resistir los efectos de las manifestaciones de CODECA, los 48 Cantones, los trabajadores de salud y del STEG, que lejos de ofrecer soluciones de fondo, terminan encareciendo la vida y empobreciéndonos más, elevando la canasta básica y asfixiando aún más al pueblo trabajador.
Guatemala no merece esta condena. Guatemala merece un futuro mejor. Ojalá algún día despertemos.