Guatemala, julio 2025 — Un análisis detallado de las 21 exigencias presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) revela una serie de peticiones que, más que buscar mejoras en el sistema educativo, parecen responder a intereses particulares y privilegios gremiales.
Uno de los puntos más polémicos es la solicitud número 2, donde el STEG exige que la Procuraduría General de la Nación (PGN) sea excluida de la mesa de negociación. La posible razón es clara: temen que la PGN señale la ilegalidad de algunas de sus demandas. En la práctica, esto equivale a que una de las partes en un juicio exija que la otra no tenga representación legal. Una postura que, además de inusual, podría ser considerada como una estrategia para evadir el marco jurídico.
En la exigencia número 5, el sindicato solicita que se retome el pacto colectivo firmado durante el gobierno de Alejandro Giammattei, desechando el actual. Esta insistencia se debe, según expertos, a que el pacto anterior contiene múltiples beneficios extraordinarios para los sindicalistas, muchos de los cuales han sido cuestionados por su impacto fiscal y legal.
Otro punto que ha generado indignación es el número 6, donde piden la destitución de directores y supervisores que no apoyaron las protestas o el campamento instalado en la ciudad. Es decir, aquellos docentes y autoridades que priorizaron las clases y el derecho a la educación de los niños serían castigados por cumplir con su deber.
En la exigencia número 7 se evidencia una contradicción ideológica. Aunque el STEG ha defendido históricamente el derecho a la libre organización sindical, ahora rechaza que otros grupos de maestros se organicen al margen de su estructura, descalificándolos como “seudo dirigentes”.
Uno de los puntos más controversiales es el número 14, donde exigen la eliminación de todos los procesos administrativos y sanciones contra miembros del sindicato. Esto incluye el reembolso de días descontados por inasistencia, una petición que sugiere una búsqueda de impunidad total, sin importar las consecuencias sobre el calendario escolar ni la legalidad de las acciones tomadas.
En medio de estas exigencias, también aparecen propuestas con tinte populista, como el aumento del valor del desayuno escolar en Q10, entrega diaria de un vaso de leche, uniforme y calzado gratuitos, y la reducción del costo de la canasta básica. Incluso se incluyen demandas ajenas al ámbito educativo, como la mejora de carreteras y la eliminación de la minería en el país.
Analistas coinciden en que el trasfondo del petitorio revela una intención clara: asegurar beneficios económicos, estabilidad laboral sin controles y mantener el poder del actual liderazgo sindical, en lugar de centrarse en una mejora real del sistema educativo.
La ciudadanía y diversos sectores sociales han comenzado a alzar la voz, señalando que el STEG no representa los intereses de la niñez ni del futuro de la educación en Guatemala. La calidad educativa, una vez más, parece relegada al último lugar de las prioridades sindicales.
