En el departamento de Suchitepéquez, y específicamente en la entrada del municipio de Samayac, la situación se ha vuelto insostenible. Desde hace varios días, vecinos que han dejado de recibir un servicio básico —a pesar de estar al día con sus pagos— han tomado la carretera como forma de protesta. La molestia es comprensible. La empresa proveedora ha incumplido su parte del contrato, dejando sin respuesta a usuarios cumplidos. Pero el problema no termina allí: el método de reclamo está afectando gravemente a miles de personas ajenas al conflicto.
Es imprescindible hacer una distinción clave: entre los usuarios que están al día con sus pagos y la empresa proveedora del servicio existe un contrato legal. Si el servicio no se está brindando, corresponde que ese contrato sea denunciado por incumplimiento. Pero lo que no puede ni debe permitirse es que se recurra a la violencia, al bloqueo de vías públicas o a la coacción para reclamar derechos, por legítimos que estos sean.
Los usuarios afectados deben recurrir a las herramientas legales: interponer un amparo y, si este ya fue admitido, exigir su cumplimiento inmediato. Eso sí, esta acción colectiva debe ser protagonizada únicamente por quienes están al día con sus obligaciones y no reciben el servicio por causas ajenas a su voluntad.
Pero más allá del aspecto civil, el Estado tiene una responsabilidad inmediata y urgente: garantizar la libre circulación. Las carreteras no son propiedad de ningún grupo ni están sujetas a intereses particulares. Son bienes públicos, y su uso debe regirse por la ley. Las autoridades no pueden titubear. El diálogo no es una opción con quienes actúan al margen de la ley, pues hacerlo sería legitimar el chantaje. Los líderes de estas tomas deben ser identificados, detenidos y procesados por los delitos de sedición, instigación al delito y, en su caso, hurto de fluidos, si se ha demostrado la manipulación indebida de servicios básicos.
Es momento de sentar un precedente. La impunidad solo alienta la repetición de estas acciones. El Estado debe actuar con firmeza, no solo por razones legales, sino también para evitar algo aún más peligroso: el enfrentamiento entre ciudadanos. Cuando el Estado se ausenta, la justicia por mano propia asoma como una tentación. Y eso es algo que no podemos permitir.
No se trata de reprimir protestas legítimas, sino de no permitir que el caos suplante al derecho. Quien bloquea carreteras para exigir servicios no está protestando; está chantajeando. Y el chantaje, en cualquier forma, es inaceptable en una sociedad que se crea democrática. El llamado es claro: la empresa debe cumplir, los usuarios deben exigir por la vía legal, y el Estado debe hacer cumplir la ley. Samayac no puede vivir secuestrado por la inacción de todos los actores. Es hora de restablecer el orden, pero con justicia y con responsabilidad