GOBIERNO CENTRAL REGISTRA 77% DE EJECUCIÓN Y SUPERA RITMOS DE ADMINISTRACIONES PREVIAS

Al 24 de noviembre, el Gobierno central alcanzó una ejecución presupuestaria del 77%, equivalente a Q119 mil 187 millones, un desempeño superior al registrado por las dos administraciones anteriores en su segundo año de gestión. La cifra fue confirmada por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, durante su intervención en la conferencia de prensa La Ronda.

Menkos enfatizó que el avance refleja “un mayor dinamismo económico y una mejor capacidad de ejecución del gasto público”. Según el funcionario, la velocidad de ejecución también muestra una mejora respecto de 2024: “Este año vamos 17% más rápido en el nivel de ejecución que teníamos en 2024”, indicó.

Gasto social y servicios públicos tiran del ritmo

Las carteras con mayor provisión de bienes y servicios públicos lideran el uso de recursos. Encabeza la lista el Ministerio de Educación, con una ejecución del 78%. Le siguen Trabajo y Previsión Social (76.6%), Defensa (75.4%), Desarrollo Social (73.6%) y Gobernación (73.1%). El comportamiento, señaló Finanzas, evidencia mayores esfuerzos en la atención a sectores prioritarios.

Apuesta por la inversión en 2025

El titular de Finanzas destacó que el presupuesto de 2025 está “más robusto” en materia de inversión pública, tanto en valores nominales como en su proporción respecto del Producto Interno Bruto (PIB). El planteamiento gubernamental —explicó— busca apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleo, con efectos directos en el bienestar de los hogares.

En el ámbito territorial, los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) registran una ejecución del 41.1%, lo que supone un aumento de 14.7% frente al mismo período del año anterior.

Cierre previsto y reformas en contratación

Menkos anticipó que el ejercicio fiscal podría cerrar con una ejecución situada entre 91% y 93%, y aseguró que se rendirán cuentas sobre los resultados. Además, informó que ya fue presentada al Congreso la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas, con el objetivo de modernizar los procesos y agilizar la inversión estatal.


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