Por Redacción | Revista Coyuntura – 23 de septiembre de 2025
A más de 14 meses de haber ingresado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el expediente de solicitud de antejuicio contra el diputado distrital Oswaldo Rosales Polanco sigue archivado, sin movimiento alguno. Identificado con el número 10009-2024-978, el caso permanece engavetado deliberadamente, según denuncia una investigación de La Hora, publicada este 23 de septiembre.
El expediente, que busca retirarle la inmunidad al diputado por su agresión directa a periodistas, forma parte de 34 solicitudes de antejuicio que el magistrado Carlos Ramiro Contreras, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, mantiene retenidas intencionalmente. La denuncia señala que estos casos están siendo usados como moneda de cambio en negociaciones políticas, en el marco de las elecciones que se avecinan.
ESTA ES LA DENUNCIA PÚBLICA: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frevistacoyunturasuchitepequez%2Fposts%2Fpfbid02TP86aMa4Mh1w1DD25nQ9c1SNq7FnLPi8X1aFoHbJg7HMEnDkT81ACTM1YLrJsmNtl&show_text=true&width=500
Violencia, censura y abuso de poder
El 26 de abril de 2024, mientras el presidente de la República realizaba una visita oficial a Mazatenango, el diputado Oswaldo Rosales Polanco agredió físicamente al comunicador Roderico Valdez. Al ser grabado por el periodista Abel Reyna, el legislador se lanzó contra él, arrebató el dispositivo móvil y borró las evidencias.
Lejos de responder ante la justicia, el diputado ha gozado de total impunidad, protegido por un sistema judicial que, una vez más, muestra su rostro más servil y corrupto.
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA PRENSA NACIONAL: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FComunitaria.Prensa%2Fposts%2Fpfbid0CrEt89nYnxYbPQiKwCwbfja6aWkkznGth4wTeJFtvC49SyH2P7iZBJ4wFTuuPKpjl&show_text=true&width=500
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA APG: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAPGGuatemala%2Fposts%2Fpfbid0M5VJR3cmcDVwHm3vjY3s1UWEd3RS8TgjFtFrNBL2CCztFyGx4AkxkiCCMA2bceZYl&show_text=true&width=500
El caso fue cubierto por medios nacionales e internacionales, y provocó reacciones de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), así como de organismos de derechos humanos que exigieron justicia. Pero la justicia, como tantas veces en Guatemala, fue silenciada con llave.
La ruta judicial: del Ministerio Público al archivo político
El expediente fue presentado inicialmente ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Quetzaltenango, trasladado al Juzgado Segundo de Paz de Mazatenango, y finalmente remitido a la CSJ el 17 de julio de 2024, tras la inhibición del juzgado por tratarse de un funcionario aforado.
Desde entonces, el caso duerme en la Corte Suprema de Justicia, sin trámite, sin respuesta y sin voluntad. El expediente aparece en la lista de casos retenidos con el número 087-2024, según el informe publicado por La Hora.
ESTA ES LA INVESTIGACION COMPLETA DE LA HORA: https://lahora.gt/investigacion/diego/2025/09/23/carlos-ramiro-contreras-el-magistrado-que-guarda-34-antejuicios-como-monedas-de-cambio-en-la-corte-suprema/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwdGRzaAM_mLFleHRuA2FlbQIxMQABHg6OsHzdnBnrR3lhan24fOxxPuM744DMu8AF3OLOgf8HpcpCMy81NtvMlD2c_aem_EnPhOM1A5k2aUzjcF10cVQ&sfnsn=wa#Echobox=1758629109
Una Corte al servicio del poder
La investigación periodística revela lo que muchos ya sospechaban: la Corte Suprema de Justicia opera bajo intereses políticos y no bajo el mandato constitucional de impartir justicia. El magistrado Carlos Ramiro Contreras no solo retiene el expediente de Rosales Polanco, sino que mantiene otros 33 casos paralizados, todos engavetados estratégicamente, según la denuncia, para ser negociados como fichas en la pugna por el poder.
Este patrón de manipulación judicial confirma el secuestro institucional del sistema de justicia guatemalteco, donde las leyes se aplican selectivamente, y donde el poder político sigue blindándose ante los delitos cometidos por sus representantes.
La inacción de la CSJ no es negligencia, es complicidad directa. Cada día que pasa sin respuesta en el caso de Oswaldo Rosales Polanco es una reafirmación de que la justicia en Guatemala no es ciega, sino obediente.
La ciudadanía no puede seguir normalizando que el abuso de poder, la agresión a la prensa y la corrupción judicial se conviertan en rutina. Guatemala necesita una justicia que responda a la ley, no a los intereses de sus magistrados.