La reciente reunión realizada en el Congreso de la República, entre autoridades que manejan la energía eléctrica en Guatemala, el diputado José García y la gobernadora departamental Mariana Enríquez, evidencia, una vez más, los abusos que enfrentan los guatemaltecos a manos de empresas que operan con una impunidad preocupante. El tema central de esta reunión: los cortes injustificados y cobros arbitrarios de ENERGUATE, la empresa distribuidora de energía eléctrica, una realidad que afecta a miles de familias en la región suroccidental del país.
ENERGUATE, como se reveló en la reunión convocada por el diputado José García, no solo realiza cortes de energía sin justificación, sino que también cobra sin una base clara ni transparente, basándose únicamente en promedios calculados de manera arbitraria. Los testimonios de los habitantes afectados, quienes recibieron recibos de electricidad exorbitantes pese a que el servicio fue interrumpido durante días, son solo una muestra del desamparo que sienten muchas comunidades ante la empresa.
Es alarmante que en pleno siglo XXI, las empresas responsables de ofrecer servicios esenciales no respeten ni los mínimos derechos de los usuarios. Según la ley, no existe justificación alguna para que ENERGUATE corte el servicio sin una notificación previa, y mucho menos para que sus cobros no se basen en mediciones exactas de los medidores, como lo estipula la normativa. Sin embargo, la empresa continúa actuando con total libertad, sin que hasta el momento se le haya exigido una responsabilidad real por los perjuicios causados.
En el departamento de Suchitepéquez, el papel de los alcaldes municipales, especialmente el de Santo Tomas la Unión, del diputado José García y la gobernadora departamental, han sido clave para enfrentar esta injusticia, y es de resaltar la iniciativa para presentar denuncias penales contra la empresa. La respuesta del Congreso y del Ministerio de Energía y Minas es fundamental para que las autoridades asuman su rol de velar por los derechos de la ciudadanía, sobre todo en áreas tan sensibles como el acceso a la energía eléctrica, que es vital para el desarrollo económico, social y educativo de cualquier comunidad.
Aplaudir la gestión del diputado García es necesario, pero también es urgente que este tipo de medidas se conviertan en una constante. No basta con llamar a una reunión cuando ya la población está harta de los abusos, sino que debe haber un control constante y mecanismos claros que impidan que este tipo de empresas continúen operando sin rendir cuentas. Es hora de que Guatemala tenga una legislación más estricta y una supervisión eficaz en temas de servicios básicos.
La respuesta de la Comisión de Energía ha sido correcta al calificar los cortes y cobros de ENERGUATE como un abuso y un delito. No obstante, esto no debe quedar solo en palabras. Lo que sigue ahora es garantizar que se sancione a la empresa y que los ciudadanos reciban el reembolso justo de los montos cobrados de manera indebida. Los guatemaltecos merecen saber que sus derechos están siendo defendidos, y que no están solos en la lucha contra empresas que priorizan el lucro a costa del bienestar de la población.
Es el momento de exigir que las autoridades actúen con firmeza y que ENERGUATE, como cualquier otra empresa que opere en el país, cumpla con sus responsabilidades, se someta a la ley y respete los derechos de los consumidores. Porque, al final del día, no se trata solo de energía eléctrica, sino de la dignidad de un pueblo que, una vez más, está exigiendo ser tratado con justicia.