Una reunión de alto nivel se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, en el Congreso de la República, con la participación de alcaldes municipales, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), líderes comunitarios, la gobernadora Mariana Enríquez, el Procurador de los Derechos Humanos, y el diputado José García, quien convocó el encuentro.
El propósito central de la reunión fue abordar las constantes quejas por los cortes abruptos y prolongados del servicio de energía eléctrica, así como los cobros arbitrarios realizados por la empresa distribuidora ENERGUATE, situación que ha tenido un impacto negativo en la economía, la salud y la educación de los habitantes de varios municipios del departamento.
Durante la sesión, se evidenciaron dos hallazgos principales:
ENERGUATE no tiene autorización legal para realizar cortes sin notificación previa, lo cual representa una violación a los derechos de los usuarios.
La empresa estaría realizando cobros sin una lectura real de los medidores, basándose únicamente en promedios estimados, lo que ha derivado en facturas con montos considerablemente elevados, incluso en períodos en los que el servicio fue interrumpido por varios días.
Según testimonios de vecinos, solo recibieron el servicio por 15 días, pero los cobros reflejados en sus recibos fueron incluso mayores a los meses en que sí contaban con energía de manera regular.
Ante estos hechos, la Comisión de Energía del Congreso de la República, así como representantes del Ministerio de Energía y Minas y del INDE, coincidieron en que los cortes injustificados y los cobros indebidos constituyen abusos y posibles delitos por parte de la empresa ENERGUATE.
El diputado José García, principal impulsor de esta reunión, hizo un llamado a la población afectada para que reúnan sus recibos de energía eléctrica y presenten denuncias penales contra la empresa, con el fin de que se impongan sanciones y se recupere el dinero que, según los afectados, ha sido cobrado de forma indebida.
El diputado reiteró que la ciudadanía no está sola y que continuará trabajando para que las instituciones competentes tomen acciones firmes ante esta problemática que afecta a miles de familias en el suroccidente del país.
Esta reunión marca un paso importante hacia la búsqueda de soluciones estructurales frente a los constantes abusos reportados, y representa un ejemplo de coordinación entre autoridades y ciudadanía en defensa de los derechos de los usuarios de servicios básicos.