El sábado 22 de junio, Mazatenango fue escenario de un operativo multisectorial sin precedentes. Con la participación de fuerzas de seguridad, autoridades tributarias, sanitarias y laborales, se intervino en bares y discotecas como parte del Plan de Seguridad Integral promovido por el presidente Bernardo Arévalo. El saldo: cuatro capturados y un menor de edad puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación. Pero lo que más ruido ha generado no son los resultados operativos, sino las reacciones posteriores.
De acuerdo al informe oficial, al que tuvimos acceso, al mando del operativo se encontraba el comisario Emilio Isidoro Guzmán Rodríguez, jefe de la Comisaria 33 de Suchitepéquez, acompañado de oficiales de los juzgados de turno, agentes de la división de operaciones conjuntas, agentes de tránsito de Escuintla, agentes de la comisaria 11 de Guatemala, agentes de la comisaria 21 de Jutiapa, investigadores del DEIC, agentes especialistas de la inspectoría general, autoridades del Ministerio de Trabajo, supervisores tributarios de la SAT, Ministerio de salud y asistencia social, asesores jurídicos y la Gobernadora departamental de Suchitepéquez, quien coordinó el operativo.
Se verificaron permisos, cumplimiento de la ley seca, condiciones sanitarias y regularización laboral y tributaria. Es decir, se hizo lo que el Estado debe hacer: garantizar que la noche no sea un territorio sin ley.
Lo indignante es lo que vino después. Páginas en redes sociales —supuestamente vinculadas a intereses criminales— emprendieron una campaña de desinformación para desacreditar el operativo. No solo tergiversaron hechos, sino que recurrieron a ataques personales y misóginos contra la gobernadora, en un intento evidente por deslegitimar su labor por el simple hecho de ser mujer en un espacio de poder.
En uno de los ataques más viles, se publicó una imagen en la que se observa a un trabajador de la SAT conversando con la funcionaria, la publicación insinúa —sin prueba alguna— la negociación de un soborno. La Superintendencia de Administración Tributaria anunció un comunicado oficial para contrarrestar la desinformación. Pero eso no basta. Esta campaña no puede quedarse en el terreno del “desmentido”. Debe investigarse con el mismo rigor con que se intervinieron esos centros nocturnos.
Estamos ante indicios de delitos graves: obstrucción a la justicia, colusión con el crimen organizado, difamación y violencia contra la mujer en su expresión más institucional. El Ministerio Público y el Organismo Judicial tienen en sus manos una oportunidad de enviar un mensaje contundente: en Guatemala, la justicia no se negocia ni se intimida.
Los ataques no son solo contra una persona, sino contra el principio mismo de legalidad. Y cuando esa legalidad se ve amenazada por actores que controlan territorios y usan las redes sociales para influenciar la opinión pública, estamos frente a una batalla mayor: la de recuperar el control del Estado en espacios cooptados por estructuras criminales.
La gobernadora departamental merece respaldo, no solo por ser una mujer en un cargo históricamente dominado por hombres, sino porque su papel en este operativo mostró valor y compromiso institucional. No es ella la que debe rendir cuentas, sino quienes, sintiéndose acorralados, han decidido atacar desde las sombras. Que se investigue, que se procese, y, sobre todo, que se sancione.
Porque en una democracia funcional, el Estado no retrocede ante la criminalidad; la enfrenta, sin miedo.