Por: Abel Reyna Fecha: 6 de agosto de 2026 | Suchitepéquez
OPINIÓN / EDITORIAL – REVISTA COYUNTURA
La paradoja que vivimos en Suchitepéquez ha alcanzado niveles insostenibles. Apenas ayer, el departamento se tiñó nuevamente de sangre con dos asesinatos por proyectil de arma de fuego en las calles de Mazatenango. Frente a esta escalada de violencia, que según las estadísticas oficiales se ha disparado desde junio —coincidiendo irónicamente con los dos meses de gestión de la actual gobernadora, Victoria Lorena Moraga Conde—, la respuesta de la máxima autoridad de seguridad ha sido, cuanto menos, desconcertante.
A través del Comunicado Externo GDS No. 007-2026, emitido este 6 de agosto, la Gobernación Departamental nos informa de su prioridad actual: «fortalecer medidas de seguridad institucional». El documento detalla que, tras una evaluación, se determinó la necesidad de incrementar el control de acceso y la vigilancia de las instalaciones físicas. Para ello, se ha dispuesto de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para brindar servicio de seguridad uniformada en el edificio gubernamental.
Hay una desconexión abismal entre la realidad de las calles y los despachos oficiales. Mientras la sangre corre en los municipios, elevando los homicidios por encima de las cifras del 2025, la Gobernación decide utilizar a los agentes de la PNC como guardias de seguridad privada. En un momento donde alcaldes como el de Santo Tomás La Unión claman por estrategias efectivas contra la criminalidad, restar fuerza operativa a las calles para cuidar muros y escritorios es un acto de negligencia disfrazado de protocolo preventivo.
«El mensaje que recibe la población no es el de una autoridad que sale a dar la cara para combatir el crimen, sino el de una funcionaria que se atrinchera por temor a la misma inseguridad que no ha logrado controlar.»
Pero el análisis de este comunicado debe ir más allá de la evidente falta de prioridades. Este repentino atrincheramiento institucional, que delega el control de acceso a fuerzas policiales, huele a otra cosa: censura velada. Históricamente, el edificio de la Gobernación ha sido el centro político del departamento, un espacio natural y abierto donde la prensa departamental acude a cazar la noticia, buscar fuentes e incluso resguardarse de las inclemencias del clima.
No es un secreto que las recientes publicaciones críticas en diversos medios han resonado con fuerza. Se han expuesto denuncias penales por abuso de autoridad interpuestas por su propio sindicato y se ha evidenciado su rotunda negativa a intervenir en la crisis energética que asfixia a la Zona 3 de Mazatenango, argumentando que «no es su problema». En este contexto de fiscalización, la nueva medida de «control de acceso» parece diseñada no para proteger la información institucional, sino para alejar a la prensa de los despachos, evitar cuestionamientos incómodos y obstaculizar el libre ejercicio periodístico.
La gobernadora ya cerró las puertas al diálogo con los sindicalistas y se desentendió de la crisis de Energuate. Ahora, decide cerrar las puertas físicas de la Gobernación. Resulta profundamente irónico que el comunicado cierre asegurando que «la transparencia marca nuestro norte», cuando simultáneamente se instalan filtros policiales para limitar el acceso ciudadano y periodístico.
Cuando el poder se atrinchera y se aleja de la fiscalización, la democracia local se debilita. En Revista Coyuntura seguiremos señalando estas contradicciones, porque la seguridad no debe ser un privilegio exclusivo de las instalaciones gubernamentales, y la transparencia no puede ser solo un eslogan al final de un comunicado diseñado para cerrar las puertas.